En cada país donde existen las llamadas cárceles "doradas", que son adaptadas especial y únicamente para personas que en la vida pública cometieron hechos dolosos o contra la ley, constituyen una grave injusticia en contra de cualquier otro preso común que no tiene esos privilegios.
No entiendo por qué motivos una persona pública que transgrede la ley, y a veces aún mucho más gravemente que los presos comunes, tiene que ser tratado con mayor delicadeza y cuidados que otros. Será que el poder político y económico con el que cuenta es suficiente para corromper autoridades que no escatiman preocupaciones para mantener esos privilegios.
El caso en el Perú es el de Fujimori, actualizado después de las elecciones generales desde voces gubernamentales que empezaron a pedir su indulto debido a su salud deteriorada, ya que su hija Keiko no llegó a ganar la presidencia y con ella esa acción se daba por descontada.
Ahora que el presidente electo Ollanta Humala está haciendo las coordinaciones para el cambio de gobierno, se escuchan cambios de discurso en este tema. Al principio su primer Vicepresidente declaró que Fujimori sería trasladado a una prisión común, pero después de la reunión entre Humala y el presidente saliente Alan García se dice que un indulto humanitario sería conveniente.
Es cierto que Humala ha empezado a recibir presiones políticas de los grupos de poder, y esto es normal dado el discurso opuesto a sus intereses que traía, pero no es conveniente que casos en que la justicia de tantas familias victimizadas está de por medio ésta sea negociada. Es algo por lo cual no votamos.
Esperamos que en la práctica el discurso vaya a la par con las acciones congruentes. Nuestro país es uno de ellos en los que las muestras de honestidad y justicia son indispensables para renovar la confianza en las autoridades e instituciones tutelares.
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